Margarita Cristina Sierra Díaz de Rivera, yo mexicana, mayor de edad, señalo como domicilio legal para oír y recibir
notificaciones la Calle Pedro Moreno, en la finca marcada con el número 915, Colonia Centro CP 44100, de la ciudad de
Guadalajara, y por mi propio derecho, comparezco ante la Comisión de Responsabilidades, expongo para manifestar lo siguiente:
Que por fundamento en el Art. 8vo. Constitucional, que a la letra dice: “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el
ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia
política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.”
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo
conocer en breve término al peticionario.”
Que durante 2008, los coordinadores de las fracciones parlamentarias y miembros de la Junta de Coordinación política de la
LVIII Legislatura del Congreso de Jalisco recibieron ingresos extraordinarios, diferentes a las percepciones legales establecidas la
Dieta y establecidos en el presupuesto para el Congreso de Jalisco de ese año. Los ingresos extraordinarios son de dos tipos:
1)
Bono de Fin de año, 2) Mes trece.
Como ciudadano solicito que la Comisión de Responsabilidades investigue y en caso de que los servidores públicos hayan
violado la ley, se turne a la instancia procedente para que se instruya un juicio político, tal como establece la Ley de
responsabilidades de los servidores públicos del Estado de Jalisco TITULO SEGUNDO DEL JUICIO POLITICO, el Artículo 5º, establece“Podrán ser sujetos de juicio político, los diputados del Congreso del Estado; los magistrados del Poder Judicial y jueces de primera
instancia; los titulares de las secretarías dependientes del Ejecutivo del Estado, el Procurador General de Justicia, el Procurador
Social y el Contralor del Estado; los integrantes del Consejo de la Judicatura, los consejeros electorales del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado; el presidente y los consejeros ciudadanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el
Presidente y consejeros del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado; los presidentes, síndicos, regidores o
concejales; y los funcionarios encargados de la hacienda municipal; así como los titulares de organismos públicos descentralizados y
empresas de participación estatal y municipal mayoritaria” y el Artículo 6º. “Es procedente el juicio político, cuando los actos u
omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses públicos
fundamentales o de su buen despacho”...ver detalles de la demanda
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